Por José Grasso Vecchio (@josegrasso) (*)
Hay un dicho tan popular como acertado que nos recuerda que “nunca pensamos en la electricidad hasta que nos la cortan”. Cualquiera que haya sufrido la experiencia de que le interrumpan un servicio por no acordarse de pagar a tiempo, sabe que se trata de una de las sensaciones más desagradables que podemos atravesar en la agitada vida cotidiana de hoy.
Lo cierto es que si esto nos pasa con frecuencia es únicamente porque queremos. Tanto las principales empresas de servicios como la banca han resuelto este problema más que satisfactoriamente. Lo único que necesitan las personas responsables de cancelar mensualmente servicios como la luz, el teléfono, la TV por suscripción o cualquier otro, es ordenar la domiciliación automática de estos pagos y, entonces sí, podremos olvidarnos tranquilamente de hacer las colas que, mensualmente, congestionan las agencias de los bancos.
La domiciliación de pagos, un concepto que desde hace tiempo está ampliamente extendido y disponible en Venezuela, no es más que la autorización expresa que le concedemos a las compañías, generalmente de servicios, para que cobren directamente de nuestra cuenta en un banco las facturas que se generan periódicamente. El banco también debe recibir la autorización del cliente para debitar estos montos, bien sea de una cuenta de ahorros, corriente o, más comúnmente, de una tarjeta de crédito.
Este recurso, tan efectivo al momento de aligerar las tantas tareas que nos impone la cotidianidad, es además un factor clave para todos los actores de la cadena de prestación de servicios: No hay duda de que ordenar la desconexión y luego la reconexión de servicios cuando un cliente olvida pagar, impone costos y esfuerzos adicionales a las compañías de servicios. Incluso antes de llegar al extremo de la desconexión, la falta de pago origina intereses de mora y otras molestias que al final terminan perjudicando al cliente.
La domiciliación implica además que el pago se realiza en forma electrónica, sin que intervenga el dinero en efectivo ni tampoco los cada vez más costosos y poco prácticos cheques. Si a esto agregamos la creciente tendencia a enviar facturas electrónicas, igualmente desmaterializadas, vemos que la domiciliación es una efectiva manera de disminuir el uso de papel, una tendencia muy acorde con nuestros tiempos.
Pensemos en otro ahorro más: el del tiempo y el esfuerzo de acudir personalmente a hacer cola en la taquilla de la empresa de servicios o del banco. Si lo observamos desde una perspectiva amplia, no sólo mejora la calidad de vida del usuario, sino que produce ahorros reales en consumo de horas-hombre y de energía, algo completamente en línea con la aspiración de las sociedades de hoy de perseguir un modo de vida en el que el consumo de recursos sea lo más eficiente posible. O más “verde”, como se suele llamar a esta tendencia.
Entonces, si una práctica tan sencilla como la domiciliación de pagos produce tantos beneficios como el ahorro de costos, de papel, de energía y de tiempo; y además genera eficiencias y mejora la calidad de los servicios y de la vida ¿Por qué ciertos usuarios podrían aún mostrar resistencia a incorporarse a este mecanismo? Puede ser por un cierto temor natural a que terceros hagan débitos a nuestras cuentas; por alguna mala experiencia previa relacionada con la facturación que realizan las empresas; o porque guardamos alguna desconfianza frente a la posibilidad de que nos cobren un monto con el que no estamos de acuerdo.
Pues bien, este aspecto también ha sido satisfactoriamente resuelto en aquellos países en los que se ha impuesto la domiciliación frente a las formas tradicionales de pago. El modelo español, por ejemplo, establece que todos los usuarios domiciliados disponen, por vía legal, de un plazo de hasta 45 días para revisar y, si no están de acuerdo con el monto de la factura ya debitada, desconocer el pago, ordenar la devolución del dinero y pasar a la vía del reclamo con la compañía para conciliar las cuentas.
Parece, entonces, que está muy cerca el momento en el que la domiciliación se termine de configurar como la modalidad principal de pago de servicios en Venezuela. Una campaña de educación al usuario, en el sentido de inspirar confianza en el sistema, puede resultar muy efectiva, especialmente si tomamos en cuenta que ya nos hemos habituado a utilizar mecanismos como la banca electrónica y por Internet, en los que la confianza del usuario en el sistema desempeña un rol fundamental.
Pero si analizamos que la domiciliación representa una vía expresa para conseguir todos los objetivos que ya hemos mencionado: ahorro de costos, materiales y energía, descongestionamiento de oficinas y mejora en la calidad de los servicios, puede pensarse además en dar un siguiente paso y promover que autoridades como la Superintendencia de Bancos, el Banco Central de Venezuela y las empresas de servicios y bancarias involucradas, diseñen nuevos mecanismos de incentivo al uso de la domiciliación, e incluso lleguen a crear una normativa que establezca esta modalidad como preferente.
Este es un procedimiento que ha resultado exitoso en otros países y, desde luego, también en Venezuela, en lo que respecta al grado de desarrollo que actualmente tiene la domiciliación en el conjunto de nuestros medios de pago.
De esta manera, no sólo dejaremos de enfurecernos cuando regresemos de un viaje y descubramos que nos cortaron servicios que no tuvimos la previsión de cancelar de antemano, sino que además las empresas, la banca y la sociedad ahorrativa y eficiente en la que todos queremos vivir, habrán conseguido beneficios de una forma sencilla, práctica y segura.
(*) Analista financiero
